PP y Vox pactan 13 medidas para Aragón: prioridad nacional, rebajas fiscales y apertura a repatriar menores
El Partido Popular y Vox han sellado este miércoles un acuerdo de trece medidas, plasmadas en casi cuarenta páginas, para pilotar el nuevo Gobierno de Aragón. El texto, que se presenta como hoja de ruta para los próximos cuatro años de los nueve consejeros y el presidente autonómico, Jorge Azcón, también contempla la aprobación de cuatro presupuestos.
El PP marca el paso en vivienda, fiscalidad, sanidad, educación y el plan económico, mientras Vox impone su agenda social con la "prioridad nacional" como eje y guiños a áreas como medio ambiente y sector primario, que asumirá en pocas semanas.
El capítulo fiscal recupera compromisos ya previstos en 2023, como la bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo II, que no llegó a aplicarse tras la salida de Vox del Ejecutivo. El plan prevé además eliminar impuestos medioambientales y bonificar la compra de vivienda para menores de 36 años, con especial atención al medio rural.
A partir de 2027, en cada año de legislatura se comprometen a reducir el IRPF un 0,25% en los tramos de renta inferiores a 52.500 euros, y se introducen rebajas para familias con varios hijos. La política migratoria concentra parte del acuerdo. Las formaciones incorporan el principio de "prioridad nacional" para la concesión de ayudas públicas y el acceso a vivienda protegida.
Asimismo, el documento abre la puerta a trabajar desde Aragón por las repatriaciones de menores inmigrantes a sus países de origen, una demanda que Vox ya había incluido en pactos anteriores, como en la Comunidad Valenciana. El texto recoge expresamente "no más menores extranjeros acompañados" e incluye una partida de 100.000 euros para comprobar las edades de los menores que lleguen.
El pacto también sitúa la ocupación de viviendas entre sus prioridades. Se propone crear un servicio de verificación del fraude prestacional y del padrón, y se promete la aplicación firme del denominado desahucio exprés. Además, se excluirá a los ocupantes ilegales del acceso a la vivienda pública y de las ayudas en materia de vivienda.
En materia de seguridad, las partes incorporan la petición de publicar estadísticas de "delincuencia vinculada a la inmigración masiva e ilegal", una reclamación insistente de Vox en la pasada legislatura que el Gobierno del PP había rechazado hasta ahora. La vivienda es uno de los apartados con sello popular.
El acuerdo promete construir 4.000 viviendas públicas en los próximos cuatro años y profundizar en el Plan Aragón más Vivienda. También prevé reformar en profundidad el sistema de adjudicación de vivienda protegida y crear un registro de solicitantes. En este ámbito se aplicaría el principio de "prioridad nacional", con la exigencia de un mínimo de 10 años de arraigo para la compra y de 5 para el alquiler.
Entre las medidas concretas, se plantea la reforma del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales con una bonificación del 50% para jóvenes de hasta 36 años en la adquisición de la primera vivienda de hasta 225.000 euros. Con este pacto, PP y Vox fijan un marco de actuación que combina rebajas fiscales, cambios en la política de vivienda y un endurecimiento de la agenda migratoria.
La ejecución de estas medidas marcará el arranque de la legislatura y definirá la relación entre ambos socios en la gestión del Ejecutivo autonómico.