La Audiencia prorroga el secreto en SEPI y Plus Ultra y alarga la presión sobre el Gobierno y el PSOE
La Audiencia Nacional ha decidido prorrogar el secreto de sumario en dos investigaciones por presunta corrupción que mantienen en vilo al Gobierno y al PSOE: el caso SEPI y el caso Plus Ultra. La medida alarga la incertidumbre en plena campaña de las elecciones andaluzas y con el previsible final del juicio contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el horizonte.
En el caso SEPI, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ha acordado que las diligencias sigan bajo llave más allá del plazo que vencía este sábado.
El juez está a la espera de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con nuevos indicios, especialmente a partir de la información extraída del material intervenido a una de las investigadas, la exmilitante socialista Leire Díez.
Ambas causas, dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción, tendrían como origen fondos públicos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la utilización de posiciones y capacidad de influencia sobre personas ligadas a la función pública.
En el procedimiento de SEPI se indaga el presunto amaño de cinco adjudicaciones públicas por un valor total de 123 millones de euros, a cambio del cobro de 731.000 euros en comisiones ilegales entre 2021 y 2023.
Las operaciones investigadas se relacionan con empresas dependientes de la SEPI como Tubos Reunidos, Sepides, Enusa y Mercasa, con proyectos del Parque Empresarial del Principado de Asturias y con expedientes asociados a Forestalia y permisos energéticos.
El 10 de diciembre, la UCO practicó una veintena de registros y detuvo a tres protagonistas de la causa: Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Los tres figuran como investigados por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
El nexo entre los tres es el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la empresa Servinabar —de la que era accionista—, utilizada para canalizar las presuntas mordidas a cambio del amaño de contratos públicos. Esta mercantil tuvo en nómina durante más de un año y medio a Vicente Fernández.
La causa podría alcanzar a la exvicepresidenta primera del Gobierno, puesto que están implicados varios de sus altos cargos de confianza en el Ministerio de Hacienda; Fernández fue, de hecho, su mano derecha en la Junta de Andalucía en el pasado. En paralelo, la Audiencia Nacional aceptó hace semanas la causa de Plus Ultra, la aerolínea con vínculos con Venezuela que fue rescatada con 54 millones de euros en plena pandemia.
Los jueces que instruyen ambos procedimientos han decidido prorrogar el secreto de las actuaciones, lo que retrasa la difusión de detalles mientras avanzan las pesquisas. La extensión del secreto aplaza la llegada de información a la opinión pública y mantiene la presión política sobre el Ejecutivo y el PSOE mientras continúan las investigaciones y la agenda judicial asociada a estos casos.