Fallo en EE UU abre la puerta a embargos de activos del Estado español en plena preparación del Mundial 2026
Una serie de resoluciones en tribunales de Estados Unidos ha determinado que los laudos arbitrales impagados contra España por los recortes a las energías renovables pueden ejecutarse en territorio estadounidense, lo que ha encendido las alarmas ante posibles embargos de activos estatales en plena preparación del Mundial de 2026, que tendrá a Estados Unidos como coanfitrión.
El conflicto se remonta a 2010, cuando gobiernos españoles bajo José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy recortaron incentivos prometidos a inversores en renovables después de que se hubieran comprometido miles de millones en proyectos solares y eólicos. Aquella decisión desencadenó más de 50 arbitrajes internacionales, la mayoría al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).
Hasta ahora, 27 laudos firmes han sido desfavorables para España y muchos siguen sin pagarse. Las obligaciones pendientes se estiman en más de 47 millones de euros (unos 55 millones de dólares), aunque los retrasos, los intereses y las costas han elevado la exposición total a miles de millones.
El eje jurídico en EE UU pasa por fallos como el de NextEra contra España, en los que los jueces concluyeron que el Estado español renunció a ciertas protecciones de inmunidad soberana al someterse a arbitraje bajo el TCE. Con esa premisa, los tribunales han indicado que los laudos pueden ejecutarse en suelo estadounidense, incluida la posibilidad de embargar activos del Estado español.
La ejecución se limita a bienes estatales, no a compañías privadas: grandes corporaciones españolas como Santander, Inditex, Iberia, Telefónica o Repsol —o cualquier empresa privada que opere en EE UU— no se consideran “Estado español” bajo la ley estadounidense.
La línea es distinta cuando se trata de instituciones públicas. Según documentos judiciales en Estados Unidos, las citaciones han definido “España” de forma amplia para abarcar ministerios, organismos públicos y, en algunas interpretaciones, entidades como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la selección nacional.
“España es actualmente una nación deudora. Tiene que pagar sus deudas”, afirma el analista económico Diego Sánchez de la Cruz, que subraya que el asunto “no es deportivo, sino jurídico” y cita como precedente clave NextEra contra España, respaldado por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Las presentaciones legales advierten de que pagos vinculados a la actividad de la selección en Estados Unidos podrían tratarse como activos estatales: ingresos por amistosos, reembolsos relacionados con el Mundial, contratos de hospitalidad, acuerdos logísticos y comerciales firmados durante operaciones en territorio estadounidense.
No sería la primera acción de este tipo: en Bélgica ya se bloquearon, a través de mecanismos de Eurocontrol, cientos de millones de euros vinculados a la operadora de navegación aérea ENAIRE. Según Sánchez de la Cruz, las medidas de ejecución se están extendiendo internacionalmente, con reconocimientos o ejecuciones de laudos en el Reino Unido, Australia, Singapur y Estados Unidos.
España ha satisfecho algunos laudos. En un caso resuelto, pagó alrededor de 36 millones de euros (algo más de 42 millones de dólares) a la japonesa JGC Corporation tras un arbitraje del CIADI relacionado con los recortes a las renovables entre 2010 y 2014, una cifra superior al laudo original por los intereses y las costas.
Pese a ello, muchos otros fallos siguen pendientes. El ángulo deportivo añade urgencia: el Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, ha llevado a que la filial estadounidense de la FIFA, FWC2026 US Inc., registrada en Florida, así como hoteles, empresas logísticas y socios comerciales, hayan sido notificados como parte de diligencias de descubrimiento en tribunales estadounidenses.
De cara a los próximos meses, el foco estará en la evolución de estos procedimientos y en cómo España gestiona los laudos para evitar nuevas acciones de ejecución en el extranjero.