Entre planes integrales, promesas superficiales y vacíos: radiografía ambiental de los candidatos (análisis)
En plena carrera presidencial de 2026, el clima ya ordena la discusión. “En materia de cambio climático, la pregunta clave no es quién menciona el tema, sino quién entiende que Colombia ya enfrenta sus impactos y que el principal reto del próximo gobierno será la adaptación”, advierte Felipe Roa-Clavijo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
Su revisión de los programas ubica las propuestas ambientales de los candidatos en un espectro que va de enfoques integrales a promesas superficiales y, en algunos casos, a la ausencia de compromisos claros. El telón de fondo es poco alentador.
El Informe Global de Riesgos 2026 del Foro Económico Mundial mantiene a los riesgos ambientales en el centro de la agenda: a corto plazo, los eventos climáticos extremos y la contaminación figuran entre los diez principales peligros.
A diez años, el panorama se agrava con los eventos extremos al tope, seguidos por la pérdida de biodiversidad y el colapso de ecosistemas, los cambios críticos en sistemas terrestres, la escasez de recursos naturales y la contaminación. Colombia no es ajena a esas alertas.
La crisis hídrica de 2024 y 2025 expuso la vulnerabilidad de los grandes centros urbanos. En Bogotá, la sequía en el sistema Chingaza —fuente de la mayor parte del agua potable de la ciudad— obligó a un racionamiento prolongado. La capital salió de la emergencia, pero el episodio dejó una lección incómoda: seguimos reaccionando tarde ante riesgos anunciados desde hace años.
El inicio de 2026 en la región Caribe reforzó esa preocupación. Lluvias e inundaciones dejaron más de 27.000 familias afectadas en 172 municipios, con Córdoba entre los departamentos más golpeados. Más que un episodio aislado, subraya Roa-Clavijo, fue otra evidencia de la débil preparación institucional, la baja capacidad de adaptación y la fragilidad de la gestión territorial frente a eventos cada vez más frecuentes.
A ello se suma un problema estructural que sigue sin resolverse: la deforestación. Aunque en 2023 el país registró una reducción histórica y cerró con 79.256 hectáreas deforestadas, los reportes de 2024 y 2025 mostraron un repunte, en particular en departamentos clave del arco amazónico como Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.
Para Roa-Clavijo, la deforestación no es solo un desafío ambiental; también es un asunto de control territorial. Con ese contexto, el académico analiza las propuestas ambientales de seis aspirantes que incluyen líneas en sus programas: Roy Barreras, Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Londoño.
El resto, señala, no tiene programas de gobierno o no presenta propuestas ambientales en sus páginas web. En su criterio, el valor de fondo no está en mencionar el cambio climático, sino en asumir que sus impactos ya están aquí y orientar las políticas públicas hacia la adaptación.
De cara al próximo gobierno, el mensaje es directo: los riesgos ambientales serán determinantes del rumbo económico, social y político. En ese escenario, priorizar la adaptación, fortalecer la gestión territorial y enfrentar la deforestación como un problema también de control del territorio serán pruebas decisivas para distinguir las promesas de campaña de las respuestas de gobierno.