ELN mantiene secuestrados a cuatro funcionarios en Arauca y les impone “juicios internos” de hasta 60 meses
El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene secuestrados, desde hace más de un año, a cuatro funcionarios del Estado en Arauca: dos agentes de Policía y dos integrantes de la Fiscalía.
Según información divulgada públicamente por autoridades y organizaciones humanitarias, habrían sido sometidos a supuestos “juicios internos” en los que recibieron condenas de hasta 60 meses, una práctica que ha provocado rechazo institucional y alarma por su impacto en las víctimas y sus familias.
Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, habrían sido “sentenciados” a 60 y 55 meses de detención, respectivamente. A la par, los policías Frankie Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza habrían recibido condenas de 36 meses.
Imágenes difundidas del procedimiento muestran a miembros del ELN encapuchados y con emblemas del grupo, en una puesta en escena que busca dar apariencia de legitimidad y atraer atención mediática. De acuerdo con inteligencia estatal, los secuestradores responden a las órdenes de William Ernesto Cruz López, alias Cendales, jefe militar del Frente de Guerra Oriental en el departamento de Arauca y veterano de esa organización armada.
Por su captura se han ofrecido hasta 500 millones de pesos en recompensa. La estructura a su mando ilustra el alcance de ese frente, cuya influencia se extiende por diversas regiones de Colombia —Arauca, Boyacá, Vichada, Guainía, Casanare— y zonas de Venezuela, como Apure, Táchira y Amazonas.
Según estas mismas fuentes, el frente agrupa a más de 1.000 combatientes, distribuidos en unidades como el Frente Domingo Laín Sáenz y el Batallón Héroes y Mártires, considerado el ala de mayor movilidad. Diversas voces institucionales han exigido la liberación inmediata e incondicional de los secuestrados.
La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia recordaron que la Constitución colombiana establece que solo los jueces y organismos del Estado están facultados para juzgar a una persona, deslegitimando cualquier intento de “juicio” por parte de grupos armados.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó la figura del “juicio revolucionario” y reclamó atención directa a las familias de las víctimas, subrayando la falta de sustento legal y ético de esos actos. Aunque los canales humanitarios siguen abiertos y el rechazo institucional es amplio, el ELN no ha dado una respuesta pública a esas exigencias.
El panorama continúa incierto, más aún con el proceso de diálogo de paz con el Gobierno actualmente suspendido, sin señales claras de una solución próxima para los cautivos ni de avances en una eventual reactivación de las negociaciones.