El SUP denuncia un posible fraude en Almería con certificados de vulnerabilidad para la regularización
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado un posible fraude en la emisión de certificados de vulnerabilidad a inmigrantes en situación ilegal, documentos determinantes para acceder al proceso extraordinario de regularización impulsado recientemente por el Gobierno.
Según el sindicato, en la provincia de Almería —y con efectos que ya se notan en otros puntos del país— varias asociaciones y ONG autorizadas por el Ministerio de Migraciones estarían entregando estas acreditaciones sin realizar comprobaciones sociales reales y, en algunos casos, vinculándolas presuntamente al pago de cuotas económicas.
El SUP sostiene que algunos inmigrantes estarían obteniendo el certificado simplemente con un formulario oficial cumplimentado con sus datos personales y el sello y la firma de la entidad, sin entrevistas previas, análisis individualizados ni seguimiento social efectivo.
A su juicio, esta práctica desvirtúa la finalidad del documento, concebido como una valoración social individual, y convierte el sistema en un trámite burocrático sin control.
La normativa del nuevo mecanismo de regularización exige acreditar al menos una de varias circunstancias: situación de exclusión social, falta de ingresos, sinhogarismo, dificultades de acceso al empleo, riesgos psicosociales o haber trabajado o convivido con unidad familiar en España.
Además, los solicitantes deben demostrar ausencia de antecedentes penales y haber residido en territorio español durante al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026. Lo más preocupante, según las informaciones que maneja el SUP, es que algunos certificados podrían estar obteniéndose mediante pagos indirectos de entre 80 y 100 euros.
Estas cantidades se presentarían formalmente como donaciones o cuotas de afiliación a las asociaciones —incluso con número de socio—, lo que dificultaría encajar jurídicamente estas prácticas como un cobro directo por el documento. La presión del proceso de regularización ha derivado en escenas de tensión en distintos lugares.
En la embajada de Gambia en Madrid, cerca de 300 personas aguardaron para realizar trámites después de que el país africano estableciera un plazo muy reducido para gestionar solicitudes. Ante el temor a altercados, la Policía Nacional desplegó unidades antidisturbios.
El momento más tenso se produjo cuando varias personas trataron de acceder al recinto diplomático saltando elementos del perímetro para conseguir cita. Los agentes permanecieron varios días en la zona, ya que numerosos ciudadanos pasaron la noche en las inmediaciones para ocupar los primeros puestos de la fila.
Escenas similares se reprodujeron también en Murcia, con concentraciones ante sedes de organizaciones que tramitan documentación. El SUP advierte de que, sin controles efectivos sobre los certificados de vulnerabilidad, el sistema de regularización corre el riesgo de perder su rigor y propósito social.