El plan de regularización de migrantes que impulsa España desafía la corriente global
En un momento en que gran parte de las democracias avanzadas endurecen sus políticas migratorias, el Gobierno de España impulsa una regularización de inmigrantes que se aparta de esa tendencia. Se calcula que la medida podría beneficiar a medio millón de personas y, por su amplitud y la forma en que se ha explicado públicamente, marca una excepción notable en el panorama europeo.
El contexto es adverso: la influencia de fuerzas ultraderechistas ha moldeado el debate migratorio, y tanto partidos conservadores tradicionales como, en algunos casos, fuerzas progresistas —como ocurrió en Dinamarca— han abrazado posturas de mayor dureza.
En ese escenario, la iniciativa del Ejecutivo español destaca por su alcance —no se limita a determinadas nacionalidades o sectores laborales— y por una defensa política basada en la transparencia. Detrás de la propuesta laten razones demográficas y económicas: muchas sociedades occidentales, y la española entre ellas, afrontan un declive demográfico que tensiona el mercado de trabajo y los sistemas de bienestar.
Reconocer derechos a quienes ya residen, trabajan y contribuyen es presentado como una respuesta moral y pragmática para sostener el dinamismo y cubrir empleos que otros no desean. Hay, además, una lectura política. Esta decisión brinda a Pedro Sánchez la oportunidad de reforzar su perfil en contraste con la cosmovisión asociada al trumpismo.
Según esta línea de actuación, la regularización se suma a otras posiciones del Gobierno —desde su posicionamiento sobre los conflictos en Gaza e Irán hasta la negativa a comprometerse a un gasto del 5% del PIB en Defensa— que buscan proyectar un rumbo propio.
La especificidad española también importa. Se prevé que una parte mayoritaria de las personas regularizadas proceda de América Latina, lo que añade un elemento de integración por la lengua y un contexto cultural y religioso compartidos, factores que pueden reducir el terreno para la desconfianza que explotan los discursos más duros.
Los promotores de la medida apelan a “llamar a las cosas por su nombre” y a la madurez de la ciudadanía. En esa clave, recuperan referencias como la evocada por Mark Carney a Václav Havel, quien denunciaba las adhesiones por comodidad a relatos oficiales y defendía la necesidad de decir lo que es.
La regularización, no obstante, admite críticas sobre su concepto y su diseño, y su aplicación abre un debate que seguirá muy vivo. Con todo, por su envergadura y por el rumbo que imprime, la iniciativa sitúa a España a contracorriente de la ola de repliegue identitario que domina en buena parte de las democracias avanzadas.