El juicio a Ábalos entra en los contratos de mascarillas: el Supremo escucha a ex cargos de Adif y Puertos del Estado
El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio a José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama con una nueva ronda de testimonios que desplaza el foco hacia las presuntas irregularidades en los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia.
La sesión incluye la declaración de varios socios de Aldama y de la exmujer de García. El proceso entra así en el núcleo del caso: el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión, representada por Aldama, contratos del Ministerio de Transportes.
En la vista se analizan dos adjudicaciones concretas: una de Puertos del Estado para adquirir 8 millones de mascarillas por 24 millones de euros y otra de Adif para comprar 5 millones de unidades por 12 millones.
Aquellas adjudicaciones originaron la investigación que derivó en el llamado caso Koldo, que dos años después se ha convertido en una macrocausa con cuatro piezas divididas entre el Supremo y la Audiencia Nacional y que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez.
El tribunal ha previsto para esta semana tres sesiones. Entre los testigos figura el exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez. Ábalos ya descargó en él la responsabilidad de las decisiones sobre estos contratos, asegurando que confió en el criterio de los técnicos, encabezados por Gómez.
En la misma línea declaró la semana pasada la secretaria general técnica, Angélica Martínez Ortega, quien afirmó que, aunque redactó las dos órdenes ministeriales que hicieron posibles las contrataciones, no participó en decidir quién contrataba, con quién, por qué cuantía y a qué precio.
“Las órdenes me venían dadas”, dijo, “concretamente, de Gómez”. También está prevista la declaración de Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif cuando se produjeron los hechos. Está imputada en la Audiencia Nacional por la contratación presuntamente irregular de Jésica Rodríguez —expareja de Ábalos— y por supuestos amaños de obra pública a cambio de comisiones.
No consta investigada por la trama de mascarillas, pero la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la ha señalado en un informe. Se espera que aporte detalles sobre cómo se fraguó el contrato de Adif con Soluciones de Gestión, junto a otros directivos de la entidad, tanto de entonces como actuales.
Por los contratos vinculados a Puertos del Estado, también están citados Francisco Toledo Lobo y Álvaro Sánchez Manzanares, expresidente y ex secretario general, respectivamente. Otro ex alto cargo llamado a testificar es el ex director general de Carreteras Javier Herrero, investigado en la Audiencia Nacional como pieza clave de la supuesta trama de obra pública.
La UCO lo vincula con presuntas irregularidades en adjudicaciones en Andalucía, Asturias, Valencia y La Rioja. “Bingo!!! En Logroño”, escribió por WhatsApp a Koldo García en abril de 2019. Más allá de las mascarillas, esta semana comparecerán algunos socios de Aldama supuestamente vinculados a la trama.
Entre ellos, Claudio Rivas, cuya declaración servirá para confrontar su versión con la de las empresarias Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano. Los investigadores las consideran testaferros de Rivas, y ambas lo señalan como quien les ordenó comprar una casa en La Línea de la Concepción (Cádiz) para que la disfrutaran el ministro y su familia.
Con las tres sesiones previstas, el tribunal busca esclarecer la cadena de decisiones que permitió las adjudicaciones a Soluciones de Gestión y si hubo comisiones ilegales. Las declaraciones de esta semana apuntan a perfilar el papel de los responsables de Transportes, Adif y Puertos del Estado en unos contratos firmados en plena emergencia sanitaria.