Dos juicios por corrupción ensombrecen al PSOE y al PP antes de elecciones clave
La Semana Santa ha dejado un mal sabor de boca en los dos grandes partidos españoles. En un cruce de calendarios judiciales, el PSOE y el PP afrontan desde esta semana en Madrid dos juicios de alto perfil que amenazan con erosionar sus mensajes de tolerancia cero ante la corrupción, a las puertas de las autonómicas andaluzas del mes que viene y con unas generales el próximo año.
La dirección socialista sigue de cerca el arranque en el Tribunal Supremo del denominado “caso Koldo” —o “caso mascarillas”—, que comenzó ayer por la mañana.
El exministro de Transportes y antiguo hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, se sienta en el banquillo acusado, junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, de cobrar comisiones a cambio de contratos públicos de material sanitario durante la pandemia.
Ábalos y García niegan todos los cargos. Según las acusaciones del caso, se enfrentan a penas de 24 y 19 años de prisión, respectivamente, mientras que Aldama, que ya ha admitido su participación en el supuesto entramado, afronta una pena de siete años. La causa llega en medio de otros frentes que han salpicado al entorno del presidente en los últimos meses.
Aunque Pedro Sánchez no ha sido acusado de ningún delito, su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, han sido investigados a raíz de denuncias de Manos Limpias, un sindicato autodenominado con vínculos con la extrema derecha que tiene una larga trayectoria de impulsar causas en los tribunales contra objetivos políticos.
Gómez espera juicio por supuestamente utilizar su influencia como esposa del presidente para captar patrocinadores para un máster universitario que dirigía y por emplear fondos públicos para pagar a su asistente por tareas personales.
David Sánchez será juzgado el mes que viene por presuntas irregularidades en su contratación por el ayuntamiento, gobernado por socialistas, de la ciudad de Badajoz en julio de 2017, cuando su hermano ya lideraba el PSOE pero aún no era presidente del Gobierno.
Ambos niegan haber cometido delito alguno. El propio Sánchez ha denunciado una “operación de acoso y derribo” contra su familia y sostiene que ninguno de los dos ha incurrido en irregularidad. El contexto pesa: fue precisamente la corrupción la que catapultó a Sánchez a La Moncloa hace casi ocho años.
Tras el estallido de la indignación pública por el caso Gürtel —en el que se determinó que el PP se benefició de una trama ilegal de comisiones a cambio de contratos—, el líder socialista se jugó una moción de censura que desalojó del poder al Gobierno de Mariano Rajoy, una apuesta que le salió bien y que le ha permitido permanecer en el palacio presidencial desde entonces.
En paralelo al “caso Koldo”, otro proceso de alto voltaje para la oposición conservadora ha echado a andar en la capital. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz acudió esta semana a los juzgados para su juicio, una cita que vuelve a situar a antiguos responsables del PP en el foco y que pone a prueba, de nuevo, los compromisos del partido contra la corrupción.
Con Andalucía —la comunidad más poblada— llamada a las urnas el mes próximo y una cita estatal en el horizonte, ambos procedimientos añaden incertidumbre y reavivan un debate que atraviesa la política española desde hace años: hasta qué punto han cambiado las prácticas que alimentaron los grandes escándalos de la última década y qué coste electoral pueden tener ahora para quienes los arrastran, siquiera de forma indirecta.